Regular derechos en Internet

Regular derechos en Internet

Julián Obiglio, diputado argentino del PRO, propone una ley que permita dar de baja o impedir el acceso a material que viole la privacidad de una persona sin necesidad de una orden judicial.

La privacidad en Internet suele ser un tema de debate recurrente. Cómo cuidar los derechos personales, si hay que regular o no, son algunas de las preguntas que se suelen hacer los expertos en este ámbito.

Julián Obiglio, diputado nacional del PRO, presentó un proyecto de ley con el que espera “regular la responsabilidad legal de los proveedores de servicios en Internet como Google, Facebook y Twitter“. ¿De qué manera? Según sostienen en un comunicado, el proyecto prevé que estas empresas “intermediarias” como las redes sociales y el buscador mencionados, entre otras, deben dar de baja o impedir el acceso a material que haya sido denunciado por violar la privacidad de una persona, sin necesidad de una orden judicial.

Para eso, el proyecto de ley sostiene que los sitios deberán tener en su diseño y destacado un correo electrónico en donde denunciar el contenido que viole “los derechos personalísimos de las personas”. Estos sólo podrán ser denunciados por las personas afectadas o sus representantes. Además, también se podrá reclamar la baja de algún contenido por cartas documento, actas notoriales, entre otros. Infotechnology.com intentó comunicarse con Obiglio, para entender qué busca generar el proyecto, pero desde su oficina sostuvieron que se encuentra de viaje.

En su articulado el proyecto sostiene que el principio general de la misma es que “los proveedores de servicios de intermediación no tienen la obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen o enlacen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas”.

Pero Eleonora Rabinovich, directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, sostiene que “el proyecto no exige orden judicial sino que además habilita a cualquier persona privada a notificar y solicitar la remoción de contenidos que supuestamente afecten sus derechos. Esto es sumamente problemático ya que son los jueces los que deben evaluar las supuestas violaciones de derechos y, en todo caso, balancear el derecho a al libertad de expresión con otros derechos en juego, en un proceso judicial que respete todas las garantías del debido proceso. La no exigencia de orden judicial viola los estándares internacionales de derechos humanos”.

Fuente: infotechnology.com